El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital presenta sus ayudas entre el respaldo del sector

Es la primera vez que en España se otorgan ayudas gubernamentales al sector de los videojuegos. De ahí que la sala de conferencias del edificio de Red.es, la sede del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (algún día hablamos de por qué combinar específicamente estos sectores), estuviese llena de desarrolladores, editores, publishers y demás profesionales del sector. Alejandro Tosina, el director de Economía Digital, era el encargado de abrir el acto y comenzaba subrayando que el principal objetivo de estas ayudas era disminuir la brecha existente entre el mercado español de videojuegos —el cuarto de Europa— y la industria, situada en el noveno puesto en el ranking del continente. La creación y el crecimiento de un tejido de producción local es de máxima importancia para el Ministerio que considera que, además de generar ingresos, el sector de los videojuegos ayudará al crecimiento de otros sectores fundamentales como la sanidad, el comercio, la educación o la industria 4.0.

Para dejar claro que a la hora de configurar estas ayudas se ha querido contar con actores del sector beneficiario, Tosina cedía la palabra a representantes de la Asociación Española de Videojuegos (AEVI) y de la asociación para el Desarrollo Español de Videojuegos (DEV), agrupaciones que congregan a más de un 90% de los profesionales del mercado nacional. José María Moreno, Director General de AEVI (asociación que acaba de abrir un programa para otorgar una ayuda de 10.000 euros) compartía la esperanza de que estas ayudas no solo consiguieran que las pequeñas empresas se convirtiesen en medianas sino la de que este apoyo institucional lograra que multinacionales extranjeras del sector se sintiesen con confianza y respaldo como para invertir en nuestro país. Por su parte, Enric Álvarez, vocal en DEV, inspiraba a los asistentes a «luchar» por lograr una «clase media» de estudios de videojuegos: «Entre todos tenemos que trabajar juntos y demostrar que podemos sacar esto adelante; desarrolladores, editores, publishers, distribuidores, prensa… Nos han puesto de titular y tenemos que ganar».

Era ya una representante del equipo detrás de la sede electrónica del Ministerio la que detallaba punto por punto toda la convocatoria, las bases y las líneas de ayuda del Programa de Impulso al Sector del Videojuego que, a principios del mes pasado, se publicaba de forma oficial en el BOE. Estas subvenciones, que pretenden cubrir todo el proceso de desarrollo, comercialización y externalización de títulos concretos, están pensadas para cubrir hasta el 80% de los gastos subvencionables de un juego cuya propiedad intelectual y derechos de explotación queden en manos de estudios o particulares nacionales. Las ayudas, que sumarán un mínimo de 20.000 euros y un máximo de 150.000, provienen de fondos europeos y los requisitos propuestos están pensados para justificarlas en consecuencia.

Cualquier videojuego, sea cual sea su soporte o finalidad —se incluyen también serious games, juegos educativos o de clara intención artística— puede ser beneficiario de la ayuda siempre que aún esté en fase de desarrollo o predesarrollo y el estudio detrás tenga una antigüedad de seis meses desde el 22 de marzo del 2018 como microempresa legalmente constituida (es decir, esté formada por autónomos o tenga menos de diez empleados). No se considera financiable cualquier tipo de fabricación de hardware o de periféricos externos aunque estos sean necesarios para la experiencia. El requisito que más dudas y polémica despierta es la obligatoriedad de contar en el equipo con al menos un miembro con experiencia demostrable en la industria, definiendo experiencia como el hecho de tener un juego ya publicado en cualquier tipo de plataforma y/o más de cinco años en la vertiente académica del sector. Para muchos desarrolladores, el que la experiencia solo pueda demostrarse mediante la publicación supone un gran problema pues, a pesar de que han dedicado años al trabajo para terceros, en ocasiones el título no ha llegado aún a ver la luz por lo que, de cara al Ministerio, no podrían acreditarlo.

Una vez presentados los proyectos, el Ministerio pondrán en marcha una comisión de evaluación que, en un plazo de 4 a 6 meses, seleccionará a los beneficiarios del programa. Conformado con miembros del departamento, representantes de las dos asociaciones de desarrolladores y varios académicos, la comisión juzgará las propuestas en base a cuatro criterios de entre los cuales, los dos de carácter subjetivo —la innovación y la calidad general—, son los que otorgan más puntuación (un 35%). La presentación de un lanzamiento previo del equipo y la experiencia previa en miembros adicionales sumará, cada uno de ellos, hasta un 15% en la valoración final. Estos dos últimos criterios —especialmente el de la experiencia adicional— son los que han copado la sección de preguntas en donde los asistentes encontraban algún que otro vacío en la convocatoria. Un desarrollador, que trabaja en una propiedad intelectual propia pero cuyos derechos de explotación los tiene en exclusiva una multinacional China, no lograba saber si su estudio cumplía los requisitos para solicitar la subvención mientras que otro, cuyo título se disfruta en una plataforma web, descubría que no podría sumar los puntos proporcionados por el lanzamiento previo porque este se cuantifica en base a descargas, no a usuarios.

El plazo de presentación de proyectos estará abierto hasta el 25 de mayo y todas las solicitudes deberán realizarse online a través de la Sede Electrónica. Una vez resuelta la convocatoria, hacia finales de año, se abrirá un plazo de ejecución de 18 meses en los que se podrán presentar los gastos sujetos a ser cubiertos, y que pueden contabilizarse desde el mismo día en el que se publicó en el BOE la convocatoria. Debido a lo largo de los plazos y a la obligatoriedad de que el proyecto aún esté en fase de desarrollo, algunos desarrolladores preguntaban acerca de las modificaciones posibles (por ejemplo durante la fase de testing), una vez concedida la subvención. Desde el Ministerio dejan claro que, aunque su idea es que este dinero llegue al máximo de gente posible y que intentarán estudiar cada caso en particular, no podrá alterarse ninguna de las condiciones presentadas para la concesión y que no debería modificarse el proyecto en el margen de tiempo que abarca la ayuda.

Una vez finalizada las explicaciones hemos tenido oportunidad de hablar con varios profesionales del sector que, a grandes rasgos, se muestran entusiasmados con la idea de que el gobierno esté empezando a mostrar interés en la industria. Esteban Hidalgo, de Noxfall Studios, una empresa joven que en este momento se encuentra en pleno desarrollo de su primer título, Medieval Clicker, confiesa que el programa le ha dado «buena impresión como punto de partida». Considera que los requisitos están claros y entiende la rigidez de los mismos al depender de fondos públicos. Diego Díaz, game designer en Koron Studios, una empresa dedicada al desarrollo móvil y la formación, señala que existe carga de trabajo necesaria pero lo ve como una oportunidad para los pequeños estudios de consolidarse. A grandes rasgos, considera la propuesta del ministerio interesante y cree que puede lograr los objetivos fijados. No comparte del todo su opinión Daniel Blasco de Kraken Empire, un estudio con mucha más experiencia, en donde han encontrado que la propuesta no se ajusta exactamente a la realidad del tejido industrial existente: «Son muchas las peculiaridades que no se han tenido en cuenta y es normal al ser la primera convocatoria. Estoy seguro que en la próxima todas ellas se tendrán en cuenta en las bases».

En general existe la impresión de que se están haciendo las cosas bien y de que este programa de ayudas es lo que el sector necesita para poder luchar en igualdad con los países de nuestro entorno. Acciones necesarias que prueban que la industria del videojuego está lista para convertirse en una de las claves de la economía española.